.jpg)
El programa de reconversión productiva nació en 2007 con un fondo de 80 millones de bolivianos para que las personas dedicadas a la comercialización de prendas usadas cambien de actividad económica. A casi 12 años de su aplicación, el Gobierno no conoce el destino de esos recursos, el impacto ni el resultado que tuvo.
Los empresarios privados, que agrupan a la Fundación Hecho en Bolivia, la Cámara Departamental de Industria y la Cámara de la Pequeña Industria y Artesanía, piden al Gobierno que rinda cuentas de estos recursos del Estado.
“Ese detalle no lo tenemos a la mano (…) Está en evaluación, la próxima semana habrá información”, dijo el viceministro de Producción, Weimar Pereira, a la pregunta sobre el destino de los recursos del programa de reconversión.
Sobre este tema, la ministra de Desarrollo Productivo, Nélida Sifuentes, en anteriores declaraciones a la prensa, afirmó que hace años se entregó al sector hasta 10 mil dólares por persona como crédito para que inicien la conversión de su actividad a una productiva, pero ese monto fue usado para fortalecer el comercio de ropa usada, un negocio catalogado como ilegal.
En 2007, cuando se lanzó el programa de reconversión, se tenía el registro de 500 gremialistas que estaban dispuestos a cambiar de actividad; pero a la fecha no hay cifras de los beneficiarios ni de los resultados.
El dirigente de ese sector, Grover Horacio, desconoce ese programa porque fue aprobado en la gestión de otros dirigentes, con otros ministros que ahora no están en los cargos. “Fue un total fracaso porque no hubo resultados”, dijo.
El presidente de la Fundación Hecho en Bolivia, Luis Laredo, pidió la fiscalización de ese fondo porque son recursos de los bolivianos y porque puso beneficiar a la industria nacional.
El Viceministro aseguró que el Gobierno defenderá la producción nacional, que no permitirá que ingrese —mediante fardos— más ropa usada al país y que se reforzará los controles en frontera.
Dijo que los mayoristas o contrabandistas de estas prendas ya no tienen más fardos almacenados, que se les agotaron —producto de las incautaciones en frontera—, lo que causó un desabastecimiento en los mercados y ferias. “Son los contrabandistas que ya no tienen este producto y ahora están impulsando a los minoristas a modificar el decreto”, afirmó Pereira.
PROTESTAS Y MOVILIZACIONES
Desde la anterior semana, los gremialistas de ropa usada están movilizados y en emergencia en rechazo al Decreto Supremo 28761, que prohíbe la internación y comercialización de prendas usadas. Piden que su negocio sea reconocido como legal.
//Los Tiempos//
%20(1)%20(1)%20(1)%20(1)%20(1)%20(1)%20(1)%20(1).jpg)
