Cinco áreas protegidas del oriente fueron invadidas con aval del INRA

Desde 2006 llegaron a Santa Cruz al menos 1.000 comunidades del interior del país que, con el tiempo, lograron legalizar sus asentamientos ante el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). Sin embargo, muchas de ellas se encuentran en al menos cinco áreas protegidas de este departamento, situación que generó el colapso en Roboré.

Los asentamientos en áreas protegidas, avalados por el INRA, alcanzan una superficie aproximada de 4.000 a 5.000 hectáreas, en los municipios de Roboré, Concepción, San Ignacio de Velasco, San Miguel, San Rafael, Guarayos, Samaipata, Porongo y otros.

Según la secretaria de Medio Ambiente de la Gobernación de Santa Cruz, Cyntia Asín, además de El Paquió, donde existe un desmonte de 55 hectáreas autorizado por el INRA y por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), existen otras cuatro como la Reserva Municipal de Vida Silvestre de Tucabaca, Laguna Concepción, Espejillos y El

Fuerte de Samaipata, que albergan a comunidades afines al Movimiento Al Socialismo (MAS).

En medio del conflicto por asentamientos en zonas protegidas, se designó a Freddy Limachi como nuevo director del INRA en Santa Cruz. La designación generó la molestia de movimientos sociales afines al MAS, que protagonizaron una medida de protesta al considerar que no fueron consultados por las autoridades de Gobierno para efectuar este cambio. La nueva autoridad no se pronunció.

Los asentamientos en la Reserva Municipal de Vida Silvestre Valle de Tucabaca, también ubicada en Roboré, fueron autorizados por el INRA en 2013, en una extensión de 1.700 hectáreas. La dotación de tierras también se dio en el Área Protegida Municipal Laguna Concepción, ubicada en el municipio de Concepción, donde el INRA, mediante una resolución, dio el visto bueno para el asentamiento de la comunidad Che Guevara, en una superficie de 1.500 hectáreas.

Asín agregó que la legalización de tierras también se dio en el área protegida Espejillos, ubicada Porongo, donde el INRA dotó 60 hectáreas para el asentamiento de la comunidad Roca, mientras que en el municipio de Samaipata, se legalizó el asentamiento de un grupo de propietarios privados en 60 hectáreas que forman parte de las 260 hectáreas de El Fuerte, un sitio prehistórico declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Según el presidente del Bloque Cívico Chiquitano, José Serrate, existen al menos 1.000 asentamientos en los municipios de la Chiquitanía. Como ejemplo, mencionó que, hasta el año 2006, en Concepción había entre 25 a 30 comunidades que llegaron desde el interior del país, pero ahora son más de 180. En efecto, según el dirigente, actualmente más de la mitad de la población de Concepción no es nacida en ese municipio.

Ante este panorama, el dirigente exige el cumplimiento del artículo 43, punto 1, de la Ley INRA, que establece: “La dotación será preferentemente en favor de quienes residan en el lugar”.

//Los Tiempos//